Según la asociación de clubes, el jugador no podrá acogerse al decreto 1006, como ya había recalcado el presidente del Caja San Fernando, José Antonio Parra, por haber finalizado el plazo el pasado 4 de agosto, a pesar de que Unicaja insiste en que tiene atado al baloncestista por tres temporadas y en que puede hacerse con sus servicios mediante el abono de una cláusula de rescisión de unso de 60 millones.