El próximo día 4 de octubre, Olivera, Otero y Zalayeta serán juzgados por un delito de lesiones. Los dos primeros siguen en el Sevilla; el último milita ahora en el Juventus italiano.

En el juicio, que se celebrará en el juzgado penal 11 de Sevilla, la acusación particular solicitará cinco años de prisión y una indemnización de 20 millones de pesetas a los citados futbolistas uruguayos. Asimismo, según anunciaron fuentes judiciales a Efe, el fiscal pedirá una pena por los acontecimientos que los charrúas protagonizaron.

La historia se remonta a la madrugada del 17 de diciembre de 1999, cuando los tres imputados se enzarzaron en una disputa con otros tres jóvenes. Los hechos se produjeron en la zona del barrio de Nervión, en el pub Birdie. Con estos tres jugadores sevillistas se encontraba también su compatriota Tabaré, quien no fue inculpado en el caso.

La pelea se produjo, según los jugadores del Sevilla, por las molestias que causaron los denunciantes a las compañeras que iban con los uruguayos. Éstos indicaron que sólo hicieron algunos comentarios futbolísticos en tono de broma y que los jugadores les esperaron a la salida del bar para increparles.

Uno de los denunciantes sufrió una fractura de tibia como consecuencia de la pelea que se produjo en las puertas del pub citado anteriormente. Al día siguiente, los jugadores fueron conducidos por la Policía Local al juzgado de guardia, donde estuvieron declarando durante cinco horas.

El club, internamente, muestra su decepción por los hechos que ocurrieron, pero se ha mantenido en todo momento al margen de todo este asunto, al tratarse de una cuestión de la vida privada de los jugadores. Incluso, los futbolistas están asesorados por unos letrados que nada tienen que ver con el gabinete jurídico que trabaja en la entidad de Nervión.

Guardan silencio. El mayor problema nace en que los tres uruguayos han guardado silencio y no quieren desvelar quién fue el autor de la agresión al joven denunciante, que sufrió una fractura de tibia. Si esta postura no se altera, sí se mantienen firmes y no nacen pruebas que culpen a uno de los tres, las consecuencias podrían recaer sobre los tres inculpados.