Desde enero de 2003 están en vigor varias modificaciones del Real Decreto de Prevención de la Violencia que se acordaron en julio por una comisión integrada por representantes de Ministerio del Interior, Consejo, Federación, Liga y AFE constituida tras la espiral de vandalismo producida en nuestros estadios en las últimas jornadas de la temporada 01-02. Las principales novedades consistían en el incremento de las multas por infracciones muy graves de los espectadores a 1.500.000 euros, la derogación de la norma que obligaba al CEDD a conceder siempre que se le pidiera la suspensión cautelar de las clausuras de los campos, la puesta en marcha de la UCO central y la imposición de sanciones de 10.220 euros para los hinchas que invadiesen los terrenos de juego. Con posterioridad, el Consejo de Ministros acordó la tipificación del delito denominado violencia en el deporte (aún no está en vigor), que prevé penas de tres a cuatro años de prisión para los que incurran en estos actos fuera de los recintos deportivos y la imposición de una pulsera de seguridad para impedir que los radicales a los que se les ha prohibido entrar en los estadios burlen la vigilancia policial.