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KICK BOXING

La federación de kick boxing, acusada de malversación

La Federación Valenciana de Kick Boxing ha presentado una denuncia contra la Federación Española y el CSD, que ya había expedientado al presidente del organismo.

Actualizado a

La Federación Valenciana de Kick Boxing ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por un presunto delito de malversación de fondos contra la Federación Española de Kick Boxing (FEK) y el Consejo Superior de Deportes (CSD), pese a que este organismo expedientó y suspendió de sus funciones al presidente de la misma con anterioridad.

La denuncia fue presentada con el apoyo de otras nueve federaciones autonómicas con fecha de 23 de octubre y en ella se afirma que la FEK recibe anualmente una subvención de 200.000 euros otorgada por el CSD, según el BOE. Añade que esta federación la preside la misma persona desde hace 35 años, que sistemáticamente se niega a facilitar las cuentas y facturas de la entidad, hechos por los que ya se presentó denuncia ante los servicios de inspección de la Agencia Tributaria y se pusieron en conocimiento de los servicios jurídicos del CSD.

Los denunciantes sostienen que el CSD es "conocedor de todas las presuntas irregularidades y delitos" y de que el presidente de la FEK la ha transformado en un "negocio familiar", ya que en junio de 2012 se le requirió para que realizara "la oportuna auditoría sobre las cuentas" y hasta la fecha no se ha pronunciado.

La denuncia, que cuestiona que el presidente cobre -hasta 500€- por los exámenes de titulación y pretenda hacerlo a cada club por federarse -6.000€-, está respaldada por las territoriales de Canarias, Galicia, Andalucía, Cataluña, Baleares, Asturias, Cantabria, Navarra y Ceuta y las delegaciones de Extremadura y Castilla La Mancha.

Consultado por EFE, el CSD indicó no tener "constancia oficial de la presentación de la denuncia" y aseguró que con anterioridad a la misma se inció un expediente sancionador contra el presidente de la FEK, "por presuntas irregularidades relativas a la gestión de fondos federativos de carácter privado".

Igualmente la Comisión Directiva del CSD suspendió, de forma cautelar y provisional, en el ejercicio de sus funciones al presidente de la FEK, en base al resultado de las auditorías realizadas a esa entidad. También acordó "ordenar a la FEK que integre a la Federación Valenciana de Kickboxing y que se abstenga de desintegrar a la Federación Andaluza de Kickboxing".

"El CSD no es partícipe de las actuaciones que hayan podido realizar los responsables de la FEK, habiéndose adoptado por este organismo medidas de supervisión y fiscalización que no tienen precedentes en el ámbito federativo", indicó a EFE este organismo. El mismo calificó de "falsa la acusación de inactividad y connivencia del CSD con los responsables de la FEK" y señaló que la presentación de la denuncia, con posterioridad a la adopción de las medidas antes referidas, "parece orientarse a capitalizar las acciones emprendidas por el CSD".

"Aunque la denuncia indica que la FEK recibe anualmente una subvención de 200.000 euros otorgada por el CSD, desde que el actual equipo directivo está al frente del CSD la subvención concedida a esta Federación ha ascendido a 90.298,17€ en 2012, y se ha reducido a 15.303,60€ en 2013", señaló este organismo.

También explicó que "desde abril de 2012 ha recibido más de treinta solicitudes, recursos administrativos, denuncias o consultas planteando asuntos de los que se hace eco la denuncia y otras cuestiones", a los que se ha contestado por escrito y se ha recibido a representantes de la Federación Valenciana de Kickboxing y de otras territoriales.

El CSD aclaró que "nada tiene que ver con el hecho de que la FEK sea presidida por la misma persona desde hace varios años (en ningún caso 35 años, ya que la FEK fue reconocida hace 16 años)" y recordó que la Junta de Garantías Electorales ordenó repetir dos veces el último proceso electoral y que sigue abierta una investigación que promovió sobre la composición de la FEK. El Consejo indicó por último que se reserva las acciones legales oportunas que pudieran derivarse de las acusaciones vertidas en la demanda.